uN COMENTARIO SOBRE EL CASO DE RICARDO ASCH
En 1995 estalló un escándalo en el Centro de Salud Reproductiva de la Universidad de California, Centro Médico de Irvine (UCIMC - Center for Reproductive Health at the University of California, Irvine's Medical Center). Las acusaciones de fraude postal, evasión impositiva y de uso de óvulos humanos sin previo consentimiento fueron muy serias; sin embargo, después de 10 años, muy pocas personas saben o comprenden lo que realmente ocurrió en la clínica, a pesar de las acusaciones en contrario. Los pacientes, los abogados, los senadores estatales y los administradores de la universidad culparon rápida y públicamente de lo acontecido a los Doctores Ricardo Asch, José Balmaceda y Sergio Stone con el fin de lograr un engrandecimiento personal o de evadir toda responsabilidad.
El apuro del juicio impidió que los médicos pudieran preparar o presentar en forma adecuada información en defensa propia. Ante la certeza de la inminente condena de prisión y de las pocas posibilidades de recibir un juicio justo, Asch y Balmaceda tomaron la decisión más lógica: se fueron de los Estados Unidos por el bien personal y profesional antes de que se formularan los cargos federales en su contra. El hecho que los fiscales federales hayan optado por persistir en la extradición a esta altura es una real tontería y, posiblemente, esta acción esté teñida por el rencor. En el caso del Dr. Asch, el esfuerzo por que regrese a los Estados Unidos para someterlo a juicio resulta particularmente desconcertante.
La Influencia de la Cobertura de los Medios de Comunicación
La probabilidad de que Asch sea sometido a un juicio justo es muy baja, como consecuencia de la cobertura anterior y actual de los medios de comunicación que han influido en forma negativa en la opinión pública. La cobertura del supuesto escándalo de fertilidad por parte de los diarios y de la televisión fue ampliamente difundida, a pesar de que los análisis profundos y objetivos se opusieran a esa hipótesis, que luego estimuló la cólera que se sacó a relucir en el tribunal de sentimiento público. Por ejemplo, el diario Orange County Register consideró la historia como un medio para ganarse un premio Pulitzer y, solamente en 1995, publicó más de 230 artículos sobre el tema (Dodge and Geis, 2003). Los pacientes, que cosecharon una gran simpatía popular, aparecieron en programas nacionales, incluyendo, por ejemplo, los de Tom Brokaw, Oprah Winfrey, María Shriver, Maury Povich y Phil Donahue. La narrativa de Oprah Winfrey claramente demuestra que los medios de comunicación crearon un sentimiento de histeria:
Su programa del 5 de septiembre de 1995 comenzó con un bombardeo de declamaciones rimbombantes: “Es una historia extraordinaria, posee todas las características de una novela de ciencia ficción espantosa.” Preguntó: “¿Se trata de un secuestro de bebés de alta tecnología demasiado raro y espeluznante para ser real?” Luego, en el programa, la historia se tornó “inimaginable” y la presentación del show, particularmente incompleta, se anunció [incorrectamente] como “la primera cobertura a fondo (Dodge & Geis, página 15).
El caso también se convirtió en la fuente de un drama televisivo de tercera clase en Lifetime que se desviaba de todo dato objetivo, a pesar de que la red compra las historias llamadas de “personas de adentro”. La hipérbole alrededor de los hechos acaecidos en el Centro Médico de la Universidad de California fue desarrollada para suscitar la curiosidad de los lectores y para promover la circulación y los ratings televisivos y no para descubrir la verdad.
Culpabilidad de la Universidad
Durante los últimos diez años, la UCIMC del Condado de Orange, California se ha visto envuelta en una infinidad de escándalos, batallas administrativas y hechos de mala prensa. En medio de los planes para abrir un nuevo hospital cuyo costo era de USD 371 millones, surgieron pedidos de responsabilización de los programas y del personal hospitalario en tanto se producía una serie de catástrofes clínicas, particularmente atribuidas a un clima que generó preocupaciones económicas en lo que respecta a la atención de los pacientes y provocó una anormalidad institucional generalizada
En 1997, la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU (Food and Drug Administration) descubrió que un laboratorio de la Clínica de Cáncer Chao de UCI cobraba ilegalmente a los pacientes y a Medicare medicamentos experimentales y solicitaba donaciones a los pacientes que estaban interesados en participar en ensayos clínicos.
En 1998, el Doctor Darryl See se vio forzado a renunciar debido a que se lo acusaba de utilizar las muestras de sangre de los pacientes en forma inadecuada y de no cumplir con el protocolo correspondiente al tratamiento de animales de laboratorio. En 1999, el director del Programa del Cuerpo Donado (Willed Body Program) de UCI, quien manejaba los cadáveres donados, fue despedido ya que, supuestamente, se lo acusaba de vender partes de cuerpos a otros institutos de investigación. En 2004, el Dr. Hoda Anton-Culver, un investigador de cáncer de la universidad, fue a acusado de malversar USD 2,3 millones provenientes de fondos estatales y federales.
En 2005, se suspendió el programa de transplante de hígado, después de que Medicare dejó de aportar fondos. Un artículo en Los Angeles Times informó que 32 personas murieron mientras esperaban un transplante de hígado, en parte, por que los médicos habían rechazado órganos disponibles – en el programa no había un cirujano especialista en transplantes que trabajara tiempo completo. En 2006, también surgieron interrogantes sobre la poca cantidad de transplantes de riñón y de médula ósea que aparentemente ponían en peligro la atención médica de los pacientes.
Además, dos cardiólogos de primer orden fueron reprendidos ya que no contaban con las licencias estatales y las certificaciones apropiadas. En el departamento de anestesiología se formularon acusaciones de fallas éticas y también por contratación de familiares – (nepotismo). Recientemente, el Dr. Ralph Cygan, presidente del hospital y el Dr. Thomas C. Cesario, rector de la facultad de medicina, renunciaron a sus cargos (hechos y línea cronológica presentadas en Ornstein & Berthelsen, 2006).
Claramente, la UCI no proveyó la supervisión necesaria para “garantizar la buena práctica médica” en clínicas dentro de su ámbito y dotadas con empleados de la universidad. Cuando la presión general provocó la búsqueda de excusas en lugar de asumir la responsabilidad por la serie de hechos desafortunados, los administradores y los abogados de la universidad encontraron chivos expiatorios personales. Sin embargo, no se prestó atención a los delitos de muchos y solamente se acusó a los médicos del Centro de Salud Reproductiva.
Acusación Selectiva
La justicia federal acusó a Asch de fraude postal que incluía asuntos relacionados con la facturación de seguros, transferencias de óvulos y la distribución de un medicamento no aprobado dentro del comercio interestatal. Irónicamente, las acusaciones de fraude a los seguros fueron externas al caso y significaron un gran problema para el hospital. En realidad, las prácticas de facturación estaban a cargo del personal y de los administradores de la universidad, no de los médicos, y aparentemente eran procedimientos operativos estándares. A fines de la década del 90, el sistema de la Universidad de California pagó USD 22,5 millones a Medicare después de una investigación federal sobre errores de facturación en los cinco hospitales universitarios.
El informe establecía que un asunto importante era determinar “si la autoridad médica facturaba en forma inadecuada al gobierno por la atención médica que, en realidad, brindaban los residentes o médicos practicantes, quienes no son elegibles para facturar a Medicare." Los cargos con respecto al uso de medicamentos no aprobados por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU – FDA fueron, sin lugar a dudas, insignificantes. La única evidencia concreta que podría probar la transferencia de óvulos sin consentimiento es la evidencia de ADN que confirma a los padres genéticos de los casos que generan sospechas - un escenario jurídico poco probable.
Por ejemplo, un Tribunal de Apelaciones de California, rechazó todo intento de un antiguo paciente de obtener muestras de sangre y de ADN. El juez desestimó el caso después de revisar una lista de donantes / receptores y la declaración de un ex biólogo clínico que consideró que eran rumores. Un fallo de un caso que sabiamente se basó en el bienestar de los niños (Ofgang, 2002; Prato-Morrison v. Doe).
Conclusiones
Una vez que el Dr. Asch se mudó, comenzó a ejercer en la Ciudad de México hasta que fue detenido por el personal de la aduana en Argentina. Durante los diez años de su exilio de los Estados Unidos, ha tratado, con mucho éxito, decenas de pacientes que depositaron su confianza en el médico a pesar de las acusaciones e insinuaciones que continuaron diezmando su reputación. La reputación de Asch ha crecido internacionalmente y él ha continuado dictando conferencias en todo el mundo como líder en el campo de la medicina reproductiva.
A pesar de la pesadilla de la UCI, sus aportes positivos han continuado y, aparentemente, no se han producido quejas de sus pacientes ni de sus colegas. La necesidad de enjuiciar a Asch en los Estados Unidos por cargos de fraude postal socava la credibilidad de los fiscales federales y representa un gran derroche de recursos financieros. Los antecedentes del caso, la gran cantidad de rumores y la falta de documentación con respecto a “quién dijo qué cosa” en el Centro de Salud Reproductiva ciertamente entorpecen la justicia y reducen la posibilidad de que Ricardo Asch sea tratado en forma justa en los Estados Unidos.
Referencias
Dodge, M. & Geis, G. (2003). Stealing Dreams: A Fertility Clinic
Scandal. Boston:
Northeastern University Press.
Ofgang, K. (30 October, 2002). C.A. Rejects Bid by Couple Caught Up in UCI
Fertility
Scandal to Determine Relationship with Children.” Metropolitan News.
Ornstein, C. & Berthelsen, C. (17 February, 2006). “UCI Medical
Center Tried ‘Too Much’ - The Scandal-Plagued Orange Hospital had
Inadequate Resources to Match its Ambkitions, a Panel of Outside Investigators
Concludes.” Los
Angeles Times.
MARY DODGE, Ph.D.
Profesora Adjunta
Escuela de Graduados de Asuntos Públicos
Universidad de Colorado del Denver & Health Sciences Center
enlace a la página en Internet es:: http://carbon.cudenver.edu/~m1dodge/
y
GILBERT GEIS, Ph.D.
Profesor Emérito
Universidad de California, Irvine